La protección del medio ambiente es una tarea multidisciplinar en la cual están involucrados varios actores e instituciones de la sociedad. En este contexto, para atender al mundo complejo donde vivimos en donde los instrumentos jurídicos no son ni simples ni sencillos, la defensa del derecho al medio ambiente adecuado puede darse por una pluralidad de vías: la Constitución de los Estados; el Derecho comunitario europeo; el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el sistema americano de las Naciones Unidas. Entre esas instituciones, hay que reconocer el papel transcendental de la Constitución en la tarea de protección del medio ambiente, pues la consagración de preceptos ambientales a nivel constitucional promueve los intereses ambientales en el más alto nivel del orden legal. Así, el derecho al medio ambiente, proclamado como principio constitucional, se ha transformado en un derecho fundamental en la medida en que está vinculado a otros derechos fundamentales como al derecho a la vida privada y familiar, al derecho a la integridad física y moral y al derecho a la intimidad de domicilio.